Estos últimos días la desinformación corre a raudales –con el impulso de sectores concretos vinculados a la derecha navarra– entorno a las razones que han llevado a las fuerzas del cambio a no prorrogar el convenio con la clínica Universitaria. Concretamente, sobre las consecuencias que esta coherente y equitativa decisión pueda tener sobre la plantilla de la clínica y la sociedad en su conjunto. Por ello, desde Eusko Alkartasuna vemos necesario realizar un análisis claro y sosegado.
Lo público como principio. La razón fundamental para no renovar el convenio con la CUN es la defensa sin ambages del sistema público. El mandato de las instituciones es garantizar la equidad y la universalidad de la sanidad y su calidad. Y de eso se ocupa la sanidad pública, dotada de recursos económicos y personales suficientes y necesarios.
Cabe destacar que el personal beneficiario de la UN tiene garantizada la asistencia sanitaria pública, a la que recurren en edad de jubilación –cuando el gasto es mucho mayor –, y también cuando se encuentran fuera de la comunidad foral. Por tanto, estamos fomentando desde el Gobierno y con dinero público una doble posibilidad de atención sanitaria, en Osasunbidea y en la clínica Universitaria. Un agravio inaceptable sobre el resto de la sociedad que, por cierto, la Cámara de Comptos también puso en cuestión, aconsejando la integración de este colectivo en el sistema de salud público.
¿O es que debemos garantizar la viabilidad de una clínica privada del Opus Dei mediante su financiación pública cuando la propia calidad del Servicio Navarro de Salud está en jaque? Como todo proyecto privado, la clínica Universitaria tiene la opción de garantizar su estabilidad y su continuidad por medio de financiación privada, atrayendo nuevos clientes, impulsando acuerdos con seguros privados, a través de donaciones privadas… La responsabilidad y la obligación del Gobierno y del Parlamento de Navarra es garantizar la financiación de nuestro sistema, Osasunbidea.
Las fuerzas del cambio debemos ser contundentes en la defensa de lo público. Porque si realmente deseamos un sistema navarro de salud público puntero en atención y calidad y, pionero en infraestructuras e investigación, debemos aumentar la inversión pública en diversos aspectos del servicio hospitalario, de la atención primaria, de la salud mental, y en políticas farmacéuticas y en investigación. ¿Cómo vamos a hacerlo si desangramos el presupuesto público para financiar la clínica Universitaria?
Un ahorro más que importante. La motivación económica es también una razón de peso en la no renovación del convenio con la CUN. El gasto presupuestario para la financiación de dicha clínica privada en 2015 fue de 5,1 millones de euros. Sin embargo, el estudio de previsión realizado en el Servicio Navarro de Salud indica que la atención de los más de 7.000 trabajadores de la clínica y la UN costará 3,2 millones de euros. Es decir, casi 2 millones de euros menos. ¿Cómo es posible que se defienda un convenio que sale más caro a las arcas públicas que atender a esos mismos ciudadanos y ciudadanas en el sistema público? Hablamos de un importe que se destinará a mejorar los recursos para reducir las listas de espera, a reforzar la atención primaria, y a programas de promoción y prevención de la salud. Y aun así en los presupuestos de este año se prevé una partida de 1,6 millones de euros con el fin de que se siga adelante con los procesos diagnósticos y terapéuticos de los pacientes ya en marcha.
En ese sentido, es absolutamente escandaloso que el anterior Gobierno de UPN haya destinado mediante este acuerdo 14 millones por encima de lo que le hubiese costado asumir dicha atención por el SNS-O. Más aún cuando, como ha explicado el consejero, en los años que ha durado el convenio Osasunbidea ha asumido más de 5000 personas sin que haya supuesto ningún problema logístico u operativo.
A UPN y PP les duele que se quite dinero público al Opus Dei, pero no tienen ningún reparo en aplicar recortes en el sistema público: en sus manos Navarra, siempre con la colaboración del PSN, ha sido una de las comunidades donde más se ha reducido la inversión en salud pública en los últimos años (un 11,3% entre 2009 y 2013), y juntos aprobaron en el Congreso un decreto de medidas para la sostenibilidad del sistema sanitario, que contemplaba un recorte de más de 7.000 millones de euros en el Estado.
Sobre prácticas corruptas y pésima gestión. Así que en esto consistía la llamada sanidad mixta que por primera vez el entonces presidente del Gobierno, Miguel Sanz –protagonista también en los infortunios de la CAN–, defendió en su discurso de investidura en 2003. Con el tiempo hemos visto que ha sido, en realidad, un método magnífico para engordar la sanidad privada del Opus Dei a costa de las arcas públicas. Y mientras, se han recortado servicios públicos básicos como la alimentación, y renunciado a planes ambiciosos como el Plan Oncológico de Navarra, fundamentada en la detección precoz de dicha enfermedad. Más que un simple privilegio, los tratos con el Opus Dei han significado un auténtico mangoneo, que ha dilapidado dinero público en negocios privados de un entorno muy concreto, el del régimen navarro.
Por los derechos de las y los trabajadores. La campaña de desinformación ha centrado su foco sobre las y los trabajadores de la clínica y la universidad, amenazando con que la no renovación del convenio conllevará una pérdida de puestos de trabajo. Esto no es creíble. El Opus Dei piensa que la viabilidad económica de esta organización estará garantizada eternamente por la inyección pública. Señoras y señores, esto debe llegar a su fin. Ya vale de privilegios. La responsabilidad en la gestión es de la propia empresa y las y los trabajadores deberán luchar por sus derechos, igual que hacemos el resto en nuestro marco laboral. En ese camino siempre encontrarán nuestro apoyo y nuestro compromiso. Lo que es inaceptable es que con dinero del conjunto de las personas trabajadoras se financie un seguro privado que sale muy caro a las arcas públicas y que no se justifica, pues solo sirve para financiar al Opus Dei.
Desde el respeto más profundo a esas 7.193 personas –que a partir de ahora será atendidas con la total garantía que ofrece la salud pública a pesar de los recortes sufridos durante estos años–, hay que advertir que esta cuestión no es más que la punta del iceberg del escandaloso y manifiesto desvío de dinero público por parte de UPN al Opus Dei, una organización con marcado ánimo de lucro y muy ligada a los sectores más conservadores y ultraderechistas de nuestra comunidad. Desde Eusko Alkartasuna continuaremos trabajando en defensa y por la mejora del sistema público porque, ante todo, está la defensa del bien común.

MIREN ARANOA
Coordinadora de EA en Navarra