Joserra López-Larrinaga. Abogado. Vicepresidente de las Juntas Generales de Bizkaia por EA

La cuestión de la territorialidad es, y creo no exagerar al afirmarlo, la más complicada de cuantas plantea el contencioso político vasco. Si Vasconia o Euskal Herria estuviera organizada en un único territorio a efectos político-administrativos, como lo puede estar Québec, el conflicto que tenemos planteado los vascos se reduciría a dilucidar la cuestión de la titularidad de la soberanía de decisión sobre dicho territorio, y el modelo de relación externa. En tal hipótesis, el logro de un respaldo social claramente mayoritario a un proyecto concreto de organización política debería ser suficiente para que, antes o después, dicha voluntad colectiva fuera aceptada dentro y fuera de nuestras
fronteras.

La realidad, como todos sabemos, es bien distinta, y creo necesario describirla, siquiera someramente, para desbrozar al mismo tiempo las distintas propuestas existentes de articulación territorial, y en particular la que mi partido, Eusko Alkartasuna, viene propugnando.

Los marcos vigentes desde la perspectiva del territorio

Los vascos vivimos en un territorio dividido en diferentes estructuras administrativas, que a su vez están integradas en dos Estados distintos: dos comunidades autónomas en el Estado español -la Autónoma Vasca y la Foral Navarra- y tres territorios históricos en el Estado francés -Lapurdi, Behenafarroa y Zuberoa- que carecen de instituciones propias desde el expolio foral llevado a cabo tras la Revolución Francesa.

Desde el punto de vista jurídico, sólo los ciudadanos de la llamada Comunidad Autónoma Vasca tienen reconocida su condición política de vascos, puesto que el Amejoramiento del Fuero de Navarra no contempla tal reconocimiento, ni siquiera como opción, para ningún ciudadano navarro. En un caso similar se encuentran los vascos del Norte, con el agravante, ya apuntado, de no contar siquiera con una estructura administrativa propia, al estar Iparralde integrada en un Departamento compartido con los bearneses, que constituyen la mayoría poblacional.

Por su parte, la Comunidad Autónoma más occidental del país está compuesta por tres territorios forales con antiquísimas instituciones privativas -Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, sujetos colectivos de unos ´derechos históricos´ que incluso la propia Constitución española dice ´amparar y respetar´.

Un aspecto que suele pasar desapercibido, pero que da una idea clara de las barreras que conscientemente se introdujeron en la Constitución Española para dificultar determinados procesos políticos, es la prohibición que establece el artículo 145 para la federación entre Comunidades Autónomas, una previsión claramente dirigida contra los territorios vascos y catalanes.

El único mecanismo previsto en el ordenamiento vigente para la unificación territorial de la Vasconia ibérica es el recogido en la Disposición Transitoria Cuarta del propio texto constitucional, que prevé la posible incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco, si así lo decidiera la mayoría del Parlamento Foral y el acuerdo fuera ratificado después en referéndum.

Un país de identidades múltiples

A la complejidad administrativa e institucional, se suma, en el caso vasco, la gran variedad de formas de entender el país que legítimamente conviven en nuestra sociedad. Insisto en reivindicar la legitimidad de todas esas adscripciones y sentimientos personales, algo que, desgraciadamente, no siempre es entendido ni respetado.

Entre los ciudadanos que residen en Euskal Herria, son muchos los que comparten un sentimiento de pertenencia a España o a Francia que va más allá de la circunstancia objetiva de ser, jurídicamente, ciudadanos de dichos Estados. Otros, en cambio, nos sentimos vascos y solamente vascos.

Los múltiples y periódicos estudios sociológicos realizados al respecto, indican que los porcentajes de ciudadanos que se sienten única o fundamentalmente vascos son muy superiores en Gipuzkoa o en Bizkaia que en el resto de territorios.

En Navarra, la que fuera durante siglos la referencia estatal de Vasconia, es un hecho objetivo que muchas personas no se sienten vascas ni parte de Euskal Herria. Otras, en cambio, se autodefinen como ´vascas y navarras´, y no faltan, incluso, quienes comparten, junto a ambas identidades, el sentimiento español.

La realidad navarra es ciertamente compleja, puesto que los porcentajes de apoyo a los partidos abertzales suelen rondar el 20% del electorado, pero otros indicativos, como la lucha por las ikastolas, la matriculación de los escolares en modelos bilingües o la fuerza de los sindicatos ELA y LAB y de muchas asociaciones, apuntan a un ´vasquismo sociológico´ sensiblemente más amplio que lo que los datos electorales podrían sugerir.

Lo que parece innegable es la existencia de amplias capas de la sociedad navarra que, sin compartir en puridad los objetivos del nacionalismo vasco, apuestan decididamente por el conocimiento y el uso de la lingua navarrorum, se sienten parte de una realidad sociocultural -aunque no necesariamente política-que se llama Euskal Herria, y son partidarios de profundizar en un modelo de relaciones estables con los demás territorios de cultura vasca.

La situación de Iparralde tiene su propio perfil: la inmensa mayoría de la población se identifica como vasca y como francesa, y el grado de extensión de la conciencia nacional vasca es bajo, aunque la reivindicación de una autonomía propia despierta adhesiones en todos los sectores políticos y sociales del Pays Basque.

El ámbito o ámbitos de decisión

Cuando de ejercicio de derechos colectivos y de territorialidad se habla en el caso vasco, el heterogéneo fraccionamiento político-administrativo al que se ha hecho referencia al principio provoca la existencia de opiniones absolutamente dispares y, al menos hasta la fecha, difícilmente conciliables:

1.- El principio ´un pueblo, una soberanía´

Algunos, a la luz de este principio, sostienen que son los ciudadanos del conjunto de los siete territorios donde se asienta el Pueblo Vasco los sujetos de la soberanía de decisión, sin que quepa distinguir distintos ámbitos para su ejercicio, puesto que tales divisiones territoriales responderían, en realidad, a decisiones ajenas impuestas a los vascos en el transcurso de los siglos. Admitir una soberanía fraccionada sería tanto como aceptar un juego en el que las cartas
están marcadas.

Si son los pueblos, y no las estructuras políticas, por antiguas que éstas sean, los verdaderos y legítimos sujetos de los derechos colectivos, habrá que convenir que es el Pueblo Vasco, al margen de su institucionalización histórica, el que tendrá que decidir cómo quiere organizarse hoy, desde su voluntad libremente expresada.

Paradójicamente, algunos de los sectores políticos que en estos términos se han venido pronunciando históricamente, descartando, por ejemplo, una modificación del marco político impulsada exclusivamente desde y para la Comunidad Autónoma occidental, no han tenido mayor objeción en plantear modelos cuasiconfederales en los que los distintos territorios vascos convergerían desde la libre adhesión.

El discurso de la unidad de soberanía es a priori el más coherente y el menos contradictorio desde un punto de vista nacionalista, pero creemos que aplicado en estado químicamente puro, sin ciertas dosis de flexibilidad, chocaría frontalmente con la realidad sociopolítica del país, con el estado de la conciencia nacional vasca en amplias zonas de Euskal Herria y, lo que es más grave, con el más elemental sentido del pragmatismo político, según trataremos de argumentar más adelante.

2. -Los territorios históricos como espacios de decisión

Desde mentalidades de corte foralista, se entiende que son los territorios históricos los verdaderos sujetos de los derechos colectivos, puesto que, a diferencia del conjunto de Euskal Herria, que históricamente no habría pasado de ser una ´nación cultural´, aquéllos tienen tras de sí siglos de historia con un Derecho Público y un sistema institucional propios, lo que les hace acreedores de una suerte de soberanía originaria.

Estas tesis de marcado carácter historicista, que han sido defendidas incluso desde ciertos sectores del nacionalismo vasco, están siendo arteramente utilizadas en los últimos años por quienes, desde la negación de los derechos nacionales de los vascos, argumentan que, en realidad, el País Vasco no habría existido como tal hasta la aprobación del Estatuto de Gernika, para a continuación defender el derecho de Araba a autodeterminarse frente a las pretensiones secesionistas del nacionalismo vasco.

En todo caso, y al margen de lecturas interesadas, desde EA siempre hemos entendido que, en principio, a efectos jurídico-políticos, necesariamente debe primar la condición de ´vasco´ frente a la pertenencia a un determinado territorio, puesto que es precisamente aquel sentimiento, unido a la voluntad de autodecisión y de autoorganización políticas, el que hace que miles de ciudadanos proclamemos ser parte de una nación vasca, sin que, al menos hasta la fecha, pueda hablarse con rigor de la existencia de una nación vizcaina, alavesa, labortana, etc.

Dicho de otra forma, es un hecho sociológico objetivo que quienes reivindicamos el ejercicio del derecho de autodeterminación lo hacemos desde nuestra conciencia nacional vasca, y que quienes, legítimamente, no comparten dicho sentimiento, se consideran ´nacionales españoles´ o ´franceses´, no existiendo conciencias nacionales de otra naturaleza que pudieran sustentar un derecho a la autodeterminación stricto sensu.

Sin perjuicio de lo que acaba de exponerse, desde Eusko Alkartasuna siempre hemos defendido que las particularidades sociopolíticas de Navarra e Iparralde -donde la conciencia nacional vasca es minoritaria- hacen que estos ámbitos deban ser tratados como ´comunidades diferenciadas´ dentro de Euskal Herria. Esta idea nos introduce directamente en el epígrafe siguiente.

3.- La territorialidad como proceso. Una Euskal Herria ´a tres velocidades´.

En un intento de buscar soluciones intermedias, que permitan avanzar progresivamente en los objetivos de construcción nacional sin violentar voluntades ni identidades, desde EA y otras sensibilidades políticas venimos planteando, desde hace años, la necesidad de entender la construcción nacional y el ejercicio de la autodeterminación como un proceso gradual que respete los ´ritmos´ que vaya marcando las mayorías políticas en cada uno de los tres ámbitos del país: la Comunidad Autónoma occidental, la Comunidad Foral de Navarra e Iparralde.

Se trata, en definitiva, de distinguir la titularidad del derecho de autodeterminación, que corresponde al Pueblo Vasco en su conjunto, de su ejercicio práctico, que corresponde a los ciudadanos y puede tener una proyección diferenciada en el tiempo y en el espacio.

Este planteamiento, al igual que los otros modelos ya expuestos, no está exento de contradicciones, pero entendemos que se ajusta más a la realidad social del país y que permitiría ir dando pasos en la dirección adecuada, frente al estancamiento actual.

Nuestra propuesta parte de las siguientes constataciones:

a) En las actuales circunstancias, un proceso de autodeterminación simultáneo y único para toda Euskal Herria, además de ser difícilmente realizable desde un punto de vista material y jurídico, podría ser entendido como una injerencia por parte de una mayoría de los ciudadanos de Navarra e Iparralde, lo cual resultaría contraproducente para el propio proceso. Imaginemos, a modo de hipótesis, una consulta popular en la que una mayoría significativa de navarros, o de vascos de Iparralde, no participaran siquiera.

b) La existencia de instituciones con amplias competencias legislativas y ejecutivas en los territorios de Hegoalde es un punto de partida positivo de cara al proceso de construcción nacional, y es responsabilidad de nuestros representantes políticos impulsar dicho proceso desde la acción institucional, que no debe limitarse a la sola gestión.

c) En línea con la idea anterior, no se deben echar por tierra los avances logrados en el pasado reciente en cuanto a la articulación territorial: la llamada Comunidad Autónoma Vasca es el único espacio en el que el principio nacionalidad vasca está normativizado y en el que las instituciones tienen ´vocación nacional´, por más que el centralismo español pretenda convertir a la Constitución en un corsé frente a dichos principios. Desde la consolidación de mayorías claras sobre proyectos concretos, el nacionalismo vasco debe aspirar a lograr las máximas cotas de soberanía en este ámbito territorial.

d) Desde otra perspectiva, los tres territorios que conforman la CAPV accedieron a la autonomía conjunta ´en expresión de su nacionalidad´, actualizando con ello sus ´derechos históricos´, y hoy forman una comunidad política que tiene derecho a actuar como un todo, si bien razones de cohesión interna y de prudencia política puedan aconsejar la exigencia de un nivel de apoyo mínimo -que no necesariamente mayoritario- en cada territorio, a los cambios de marco que pudieran impulsarse.

e) La consecución de un Departamento Vasco en Iparralde es una urgencia nacional de primera magnitud para poder abordar políticas propias en materia cultural, educativa y socio-económica, así como las relaciones con otros territorios vascos. Afortunadamente, todos los sectores políticos abertzales, y muchos que no lo son, parecen coincidir en este punto, por más que suponga una apuesta (transitoria) de carácter autonomista.

f) La aceptación de un proceso ´a tres velocidades´ no implica la renuncia a derechos civiles y políticos básicos que hoy son conculcados de forma gravísima en ciertas zonas de Euskal Herria: el derecho a un reconocimiento jurídico como vascos, la garantía de los derechos lingüísticos para todos los ciudadanos, la utilización de símbolos vascos como la ikurriña, etc. Estos y otros aspectos, insisto, son irrenunciables al margen de que el marco administrativo actual en Navarra, por ejemplo, permanezca inalterado mientras una mayoría de sus ciudadanos no decida lo contrario. Sólo cuando existan las garantías democráticas descritas, el contencioso vasco podrá entenderse superado a estos efectos.

g) Existen mecanismos jurídicos a nuestro alcance que no han sido lo suficientemente explorados hasta el momento, y que permitirían un mayor acercamiento institucional y político entre los distintos ámbitos de Euskal Herria desde el statu quo actual. En este capítulo podemos enmarcar los Acuerdos de Cooperación Transfronteriza y los Organos de Colaboración Permanente entre Comunidades Autónomas -una vía que ya se intentó poner en marcha en 1995, estando EA presente en los dos gobiernos autonómicos, y que quedó en papel mojado tras el ´escándalo Otano´ y el acceso al poder de UPN en Navarra-.

A partir de todas estas ideas, la propuesta de articulación territorial de Eusko Alkartasuna está concebida como un proceso gradual o episódico, en el que cada ámbito tendría su propio ´tempus´, en función de lo que la voluntad política mayoritaria fuera demandando en cada momento histórico.

Desde un punto de vista nacionalista, se trataría de avanzar en la dirección de la independencia y la unidad territorial, pero al ritmo que vaya marcando cada ámbito territorial, posibilitando, durante el proceso, el surgimiento de nuevas instituciones comunes a todo el país:

- Dieta CAPV-CFN: compuesta por una representación paritaria de electos del Parlamento Vasco y del Parlamento Foral de Navarra, se trataría de un órgano legislativo que funcionaría en régimen de codecisión e igualdad y tendría competencias y facultades sobre todas aquellas materias que libremente y de mutuo acuerdo se convinieran.

La Dieta sería refrendada por los ciudadanos de ambas Comunidades Autónomas mediante sendas consultas populares.

- Consejo CAPV-CFN: sería un órgano de carácter administrativo-ejecutivo, formado paritariamente por delegados de los respectivos ejecutivos. Dicho órgano, en idéntico régimen de igualdad y codecisión al descrito para la Dieta, ostentaría competencias para establecer directrices, acuerdos y recomendaciones sobre las materias acordadas, y para realizar estudios e iniciativas conjuntas en el ámbito europeo.

- Organo de Cooperación Hegoalde-Iparralde: el ámbito territorial de este órgano lo formarían Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Behenafarroa y Zuberoa, y sus funciones consistirían en establecer y desarrollar conjuntamente políticas en las que existan intereses comunes, en todo tipo de materias: culturales y educativas, de desarrollo agrícola, industrial, comercial y turístico, medioambientales, sanitarias, de seguridad, de acción exterior…

Finalmente, hay que destacar el papel de Udalbiltza como institución nacional vasca ya existente, de base municipal, y a la que corresponde un papel realmente relevante en la construcción politica de Euskal Herria. Compuesta mediante la adhesión voluntaria de electos y ayuntamientos, sus posibilidades de actuación son inmensas, en la medida en que se vayan impulsando las líneas de trabajo ya iniciadas y se incremente el número de proyectos, de personas implicadas, de medios materiales y financieros, etc.

Al margen de los importantes objetivos generales que Udalbiltza se planteó desde su nacimiento (afirmar la existencia de Euskal Herria como nación, dar testimonio de su territorialidad dentro y fuera del país, impulsar la construcción nacional como proceso dinámico y sustentado en la libre participación, etc.), quizás la principal aportación que puede hacer dicha institución es la de interrelacionar a gentes que viven en municipios geográfica y sociológicamente lejanos entre sí, posibilitando la acción concertada de sus representantes municipales.

No hay que olvidar que los cambios políticos tienen que venir precedidos de cambios sociales si se pretende que las transiciones políticas sean procesos naturales, y en Euskal Herria, al margen de los grandes debates parlamentarios, urge potenciar los vínculos sociales de base entre los ciudadanos de todos los territorios.

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Fuente: Joserra Lopez-Larrinaga