Euskal Herria ha acogido este fin de semana movilizaciones contra el TTIP y el CETA, esa amenaza, u oportunidad según quien lo cuente, que tenemos muy encima y de la que tan poco sabemos.
El TTIP, el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones, es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que tiene como objetivo la creación de la mayor zona de comercio e inversión jamás contemplada entre los dos mayores bloques comerciales del mundo, reduciendo las tarifas arancelarias, armonizando las normas y eliminando las denominadas barreras regulatorias. La aprobación y entrada en vigor del TTIP ahondaría en esa Unión Europea de los mercados frente a la social y de los pueblos que defiende Eusko Alkartasuna; reforzaría las peores características de la UE y mostraría que la Europa social es una quimera cada vez más lejana.
La equiparación de las legislaciones y normativas de los imperfectos Estados de Bienestar de la UE y el liberalismo de los EEUU supondrá la adopción de las leyes más laxas y menos garantistas, en un camino hacia la desaparición de las políticas públicas que serán privatizadas, perjudicará los derechos laborales y rebajará las políticas medioambientales.
Dentro de la opacidad que está caracterizando la negociación del TTIP, sabemos que tiene como objetivo eliminar barreras para “fomentar” el comercio, pero las barreras son también garantías para los consumidores, frente a los transgénicos, por ejemplo, o frente prácticas como el fracking, que pueden darse por buenas en el TTIP pese a las legislaciones estatales y, por supuesto, autonómicas.
El TTIP supondrá además una pérdida de la soberanía de los Estados que en el caso de Euskal Herria, nación sin estado, se multiplica. No es que vamos a tener los ámbitos de decisión en Madrid y París, ni siquiera en Bruselas, sino que, en caso de entrar en vigor el acuerdo, provocará un importante desplazamiento de poder de los representantes electos a los tecnócratas y las empresas, ya que éstas podrán impugnar reglamentaciones que sean contrarias a sus intereses en un órgano especial creado a tal efecto.
Para que el TTIP entre en vigor la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión. Posteriormente, deberá votarse en el Parlamento Europeo y en los parlamentos estatales, que en ningún caso podrán presentar enmiendas. Aquí cabe subrayar, que si las dos realidades políticas de Hegoalde, la CAV y Nafarroa, tuvieran la mayor autonomía de Europa, como tantas veces se ha dicho desde el unionismo, podría darse el mismo caso que en Valonia, donde la primera negativa del Parlamento ha tenido a la UE pendiente de su decisión final, que lamentablemente ha sido proclive al CETA.
Esto supone dos paradojas, por una parte, que el Congreso de Madrid, con una composición tan alejada de la realidad social y política de Euskal Herria decidirá por la sociedad vasca; y, por otra, que el Congreso de los Diputados votará, sin opción a proponer cambios, un texto que más que probablemente producirá cambios de facto en la Constitución. Una vez más, la sacrosanta Constitución que no se puede cambiar por la voluntad de vascos y catalanes, se modificará para dar respuesta a las presiones de los mercados, de lo que se llama el gran capital.
El TTIP, con su secretismo y sus siglas en inglés pueden parecer muy lejos de la ciudadanía, pero no es cierto. Nos toca a todos y todas y muy de cerca. Que las empresas no tengan obligación de informar sobre los productos transgénicos en la alimentación, afecta a quienes optan por una vida libre de transgénicos y esta, la seguridad alimentaria, será una de las áreas más afectadas por el TTIP, ya que está previsto que los alimentos, medicamentos y demás no se sometan a los controles actualmente exigidos en la UE. Así los estados europeos se verán obligados a reconocer normas considerablemente menos rigurosas sobre producción de alimentos de los Estados Unidos, y comeremos alimentos transgénicos, con hormonas o cloro sin saberlo.
Una empresa, una multinacional estadounidense, podrá exigir el “derecho” a trabajar mediante frácking en Euskal Herria ante tribunales creados ex profeso para ello. Ya que el tratado tiene una cláusula de protección de la inversión, que significa que una empresa puede denunciar a un Estado si considera que su legislación más garantista afecta a sus beneficios futuros.
Que se globalice un sector económico afecta de la misma forma que la industria naval china a la vasca, y que una multinacional pueda imponer un convenio laboral de EEUU afecta a miles de trabajadores y trabajadoras.
Son solo unos ejemplos para ver que el TTIP incidirá en muchos ámbitos de nuestra vida y en aspectos a los que la sociedad vasca cada vez da más importancia, como la soberanía alimentaria o las políticas de protección del medio ambiente.
Es difícil saber en qué quedará el TTIP, sobre todo porque si bien Barak Obama lo apoyaba de manera incondicional, tanto Hillary Clinton como Donald Trump tienen más reticencias. Y de todas formas, habrá quien piense que un tratado impulsado por Washington y Bruselas con el aval, o más bien el total apoyo, de las multinacionales no se puede parar, pero lo que es cierto es que la sociedad no puede permitirse esperar resignada a que se tomen decisiones que afectarán en muchos ámbitos de nuestras vidas. Por ello, las movilizaciones del fin de semana tendrán continuidad y es importante hacer oír nuestras voces
