Artículo de opinión de Leire Pinedo, secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna y parlamentaria de EH Bildu

Recientemente y por segunda vez en la legislatura, el Gobierno vasco, ha tenido que reunirse de urgencia para solicitar al Parlamento la devolución de un Proyecto de Ley que había remitido a la Cámara con anterioridad. Es un hecho insólito que por sí solo dice mucho de la falta de ambición y de las carencias del Gobierno del PNV y del propio Urkullu. En primer lugar, denota la incapacidad del lehendakari para llegar a acuerdos y evidencia su temor a tener que elegir entre posibles socios y a definirse, por cálculos meramente electorales. Muestra además la falacia de la buena gestión que el PNV continuamente se arroga con el resultado de no ser capaz de sacar adelante las leyes estructurantes necesarias para el funcionamiento más eficiente de la administración pública vasca.

Para empezar, en el procedimiento para la redacción del Proyecto de Ley de Administración Pública un gobierno que gratuitamente se autodefine como adalid de la participación y la escucha activa de la ciudadanía, y que para ello dedica una cantidad ingente de recursos públicos, ha hecho oídos sordos a los diferentes agentes sociales que en sus informes preceptivos pusieron de manifiesto graves carencias en los contenidos del proyecto y le reclamaban una Ley que abarcara el conjunto de administraciones vascas. Extraña forma de actuar, máxime si se tiene en cuenta que el proyecto objeto de informe estaba sustentado, entre otros elementos, en dar cauce a las nuevas formas de gobernanza, la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Ajenos a la realidad y obsesionados por sus propios tabúes; nada propicios a la puesta al día y a la innovación, desde su inmovilismo, los redactores del Proyecto de Ley diseñaron una norma denominada de Administración Pública cuyo ámbito alcanzaría únicamente a la Administración general de la CAV y su sector público dependiente. Quedarían expresamente fuera del alcance de esta Ley las administraciones forales y, por supuesto, las administraciones locales municipales siempre postergadas del ánimo legislador jeltzale.

Resulta especialmente llamativo que en 2015, más de 30 años después de la puesta en marcha de aquel diseño institucional de la Ley de Territorios Históricos, con todas sus ineficacias, y cuando asistimos a un momento  de crisis fiscal en la que la optimización de los recursos públicos para el sostenimiento del estado del bienestar resulta imprescindible, se renuncie a poner orden en la casa pública. Sorprende en un país de la dimensión física y demográfica del nuestro la existencia de un diseño administrativo con tantos agentes activos y dispersos. Especialmente resulta significativa la falta de coordinación entre todos ellos. Unas infraestructuras del transporte que se diseñan, se ejecutan y se administran desde sectores públicos diferenciados. Una promoción económica de compartimentos estancos con herramientas y servicios que se solapan y despilfarran recursos… Ese empeño por dotarse de marcas diferenciadas para competir en aspectos sensibles como el de la atracción de inversiones…

No se entiende en este contexto la oportunidad perdida de erigir un sector público vasco unificado y una administración de más eficiente acceso al ciudadano. Nosotros, como muchos de los agentes económicos y sociales que se han pronunciado al respecto, considera imprescindible que la CAV disponga de una Ley de Administración Públicaque facilite el correcto manejo de los recursos públicos y ahonde en la eficacia de la administración. Una ley que dote al conjunto del sector público vasco de unos objetivos, fines y principios comunes en el compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública, el buen gobierno y la participación. Una Ley, en definitiva, que permita a la administración responder de manera adecuada a las demandas de la ciudadanía y la convierta en un agente vertebrador en materia de bienestar y economía.

Además, una ciudadanía que es más crítica que nunca con el funcionamiento de las administraciones públicas, los sistemas de control y la transparencia exige nuevas formas de actuar y quiere un trato distinto.

La retirada del proyecto obliga al Gobierno a presentar un nuevo texto que no puede cometer los mismos errores. Al actual Gobierno vasco le queda menos de la mitad de su mandato y no ha hecho los deberes, su capacidad de legislar está ciertamente en duda, y, teniendo en cuenta los plazos con los que se trabaja en el Gobierno y el Parlamento, no tiene demasiado tiempo.

Nuestra posición no viene motivada por las vísperas electorales. Sinceramente esperamos un texto que impulse la participación y garantice la transparencia. Esperamos con interés un proyecto que aúne el conjunto de la administración y que responda a los intereses de la ciudadanía vasca y que no se limite a seguir la estela de la ley estatal, como hace la actual redacción. Esperamos, en definitiva, una ley que trascienda las hipotecas y los errores de la LTH y permita estructurar el sector público vasco y constituirlo en una herramienta que permita apuntalar eficazmente el maltrecho Estado de Bienestar y dotarnos de una administración más moderna. La ciudadanía nos exige un proyecto. Y los grupos políticos se lo debemos.