Anjeles Iztueta En la era de la globalización, las tecnologías
de la información, la comunicación y la sociedad del conocimiento,
la Universidad se encuentra ante una encrucijada de gran calado. La aparición
de nuevos agentes formativos e investigadores, el encaje en el espacio educativo
europeo, el cambio sustancial en el propio proceso de producción del
conocimiento y el descenso demográfico, son tres aspectos concretos que
a corto plazo tendrá que afrontar la Universidad. El Gobierno del PP
pretende aprobar una ley que no responde a las necesidades de una universidad
con vocación de futuro, truncando así las expectativas derivadas
de la necesidad de actualizar la ya obsoleta LRU del 83.
La Ley de Ordenación Universitaria que
el PP se obstina en llevar adelante a pesar del rechazo mayoritario nace sin
diagnóstico previo. A sus autores no parece interesarles conocer el estado
de la cuestión de aquello que van a legislar. Los objetivos, el sentido
y alcance de la ley tampoco han sido de interés; de hecho resulta difícil
determinar cuál es el modelo de sistema universitario que se propone.
El texto propuesto invade la autonomía universitaria, pilar básico
de la institución, que recoge y garantiza el artículo 27 de la
Constitución y que representa una premisa fundamental para hacer frente
a las necesidades antes descritas. Lejos de todo ello, la Ley de Universidades
del PP plantea determinar desde el centralismo más absoluto aspectos
tan determinantes como cuáles deben ser las áreas de conocimiento,
cómo deben regularse los departamentos universitarios, los límites
a la admisión de alumnos en las diversas titulaciones…, en definitiva,
cómo organizar y gestionar nuestras universidades sin contar con nadie,
sin el respeto debido, obligado, a las instituciones y colectivos políticos
y universitarios. La Ley es un claro ejemplo de desconfianza en la madurez del
sistema universitario. El PP prefiere intervenir a dar libertad y opta por gobernar
desde el dudosamen-te democrático «todo por pueblo pero sin el
pueblo». Algo similar ocurre con la autonomía política.
Las comunidades autónomas quedan como meras financiadoras del sistema,
en franca relación asimétrica con el Gobierno de Madrid que se
reserva poder regular y diseñar nuestras universidades.
La situación es aún más
grave en el caso de las comunidades históricas, en particular la nuestra.
Si ya en el art. 2 de la Constitución se afirma la autonomía territorial,
el art. 16 del Estatuto de Gernika nos confiere facultades especiales en todo
el ámbito educativo dejando en manos del Estado el velar por las garantías
fundamentales, la alta inspección y la coordinación general del
sistema. Pero, no hay que olvidar que este artículo del Estatuto tiene
como base fundamental la Disposición Adicional Primera de la CE, que
hace referencia a la posibilidad extensiva de las competencias en base al reconocimiento
de los derechos históricos. Es decir, la Constitución y el Estatuto
dejan abierta la posibilidad de adicionar competencias, pero en ningún
caso restringirlas. Desde esa perspectiva la LOU es una ley restrictiva y poco
respetuosa con el hecho autonómico. Ante la necesidad de responder a
una realidad universitaria diversa, plantea como solución la homogeneización,
la uniformización obligatoria desde el centralismo político. Una
consecuencia inmediata va a ser la dificultad, cuando no impedimento, de abordar
adecuadamente nuestra peculiaridad lingüística.
Sin embargo, esta nueva ley no sólo es
inadecuada por lo que plantea, sino que también por las formas que rodean
su elaboración. El proceso se está caracterizando por la ausencia
de participación de los sectores e instituciones implicados y por un
sinfín de muestras de escaso celo formal. No ha habido espíritu
de consenso y sí celo impositor. La tramitación ha sido mínima
desde el respeto y la consideración democráticos, forzando situaciones
y llegando a discutir en un solo día más de seiscientas enmiendas.
El producto final es una ley que reglamenta exhaustivamente y que confunde ordenamiento
autonómico con homogeneización, coordinación con intervención.
Nuestro sistema universitario no puede quedarse
sin respuestas, sin modelos de referencia, sin poder desarrollar el euskera,
sin posibilidades de desarrollo futuro. Por eso, el Gobierno Vasco y la Consejería
de Educación, amparándose en el ordenamiento jurídico vigente,
es decir, en la Disposición Adicional Primera de la CE y en el Estatuto
de Gernika, proponemos la elaboración de una Ley propia que regule las
necesidades y el futuro de las universidades vascas. En el desarrollo de nuestras
competencias, redactaremos y pondremos en vigor una Ley Vasca de Universidades
que será fruto del consenso de todos los sectores implicados, en definitiva,una
vía por la que puedan transcurrir las universidades, la representación
social, cultural, empresarial, etc. y determinen con sus ideas y su voluntad
sus contenidos. Nuestra Ley permitirá la adecuación de la actual
universidad vasca a un modelo más acorde con las exigencias del siglo
XXI, menos burocrático, más autónomo y con capacidad de
dar respuestas estratégicas a las contingencias del entorno. Así
conseguiremos una universidad competitiva, de calidad, capaz de actuar en entornos
abiertos y dinámicos, con vocación europea, que, apoyando la especificidad
lingüísticocultural de Euskalherria, sea capaz de recoger y atender
debidamente a su pluralidad. Hasta su aprobación el próximo año
estableceremos una metodología de trabajo, definiremos unos mínimos
comunes que permitan desarrollar al máximo la potencialidad de nuestras
universidades en el pleno ejercicio de su autonomía. Quienes creemos
en la capacidad de nuestro sistema universitario y somos conscientes de la importancia
estratégica del mismo, queremos transmitir nuestra intención y
vocación de servicio para conseguir una universidad mejor y por lo tanto,
una sociedad más próspera, solidaria y plural.
Jatorria: Eusko Alkartasuna